Los Muertos de Cantaura
por José Miguel Salas Mejías
Como olvidar aquel lunes 04 de octubre de 1982, cuando cuatro aviones de la fuerza área venezolana lanzaron 17 bombas de 250 librasen las cercanías de Cantaura, mientras que 1500 efectivos del Ejército, Guardia Nacional y la DISIP cercaban con orden de aniquilar a los miembros del frente Américo Silva eran 41 los jóvenes en el lugar.
A pesar de las trincheras naturales por la topografía del terreno o la protección de los árboles, no era la zona apropiada para resistir un bombardeo de esa magnitud, a las 5:45 am se produce los primeros bombardeos que se produjeron en el árbol más alto del lugar donde estaba la cocina; allí salen heridos 07 jóvenes entre ellos Sor Fanny Alfonzo Salazar, Rubén Alfredo Castro Batista, Luisa Estévez Arranz, Enrique Márquez Velásquez, Carmen Rosa García, Beatriz del Carmen Jiménez, José Manuel Nuñez. El objetivo principal de la aviación era generar terror psicológico y desarticular la capacidad de respuesta, cuestión que lograron cuando el mando se dividió en dos ordenes diferentes; la utilización de dos tácticas trajo consigo que la retaguardia bajo el mando de Alejandro Velásquez Guerra asumiera un rumbo distinto, limitando la capacidad de respuesta ante un cerco tan nutrido y lleno de varias emboscadas en las lomas de esa sabana.
La intensidad de la represión ejercida por el régimen democrático de Herrera Camping, respondía la necesidad de evitar que los revolucionarios del clandestino Frente armado Américo Silva, se convirtieran en la referencia política en el país; esto explica que paralelamente a la masacre de Cantaura, alrededor de 300 dirigentes del área estudiantil, magisterial, vecinal o sindical fueron enjuiciados por rebelión militar para hacer asesinados o encarcelados.
El FAS venia de exitosas operaciones políticas-militares; el 06 de agosto de 1977 se dio a conocer con la liberación de 13 procesados militares en la cárcel de la Pica estado Monagas, el 01 de julio de 1979 desarrollaron una rueda de prensa en las montañas del Turimiquire, el 22 de noviembre de 1981 tomaron la alcabala de la GN en Santa María de Ipire; el 18 de diciembre de ese mismo año fueron tomadas las comandancias policiales de Aragua de Maturín y de San Félix de Caicara.
La capacidad operativa del FAS se puso de manifiesto el 12 de mayo de 1982; cuando el ejército y la DISIP cercaron el destacamento al mando del primer comandante en el momento de la masacre al mando de Roberto Rincón Cabrera a la altura del kilómetro 27 cerca de Barbacoa; no sólo las fuerzas atacantes fueron obligadas a retroceder, sino que en el intenso combate fue capturado el efectivo de la DISIP Carlos Acosta Isturíz, quien fue puesto en libertad sano y salvo en Puerto la Cruz el 17 de junio de ese mismo año, a pesar que en dicho combate habían fallecido los camaradas Francisco Pancho Maíz y Degliz Salazar.
Entre la campaña propagandística desarrollada por el FAS, el 01 de agosto de 1982 fueron tomadas las poblaciones de Santa Inés y Bergantín en el estado Anzoátegui; operatividad que en el cuadro económico, político y social antes señalado, presentaba un crecimiento de la popularidad de los instrumentos armados por parte del FAS. Durante la retirada, un grupo de sobreviviente a la cabeza de Alirio Quintero Paredes a la cabeza, capturaron a 04 soldados al mando del capitán ejército Jesús Avila Paolini; quien en dos ocasiones trató de desarmar a César Salazar gravemente herido en la cabeza por un tiro de Fal. Ante la historia hay que dejar claro que este joven capitán no fue fusilado por su rango; dado a la delicada situación de enfrentamientos constantes y por la agresividad mostrada permanente, sin embargo los soldados fueron liberados respetándoles sus derechos humanos en su integridad física y moral; a diferencia de 23 cadáveres que presentaron signos de torturas y tiros de gracia.
Después de 27 años de impunidad, la Fiscalia General de la República va a realizar el proceso de imputación a los responsables de este hecho sanguinario entre ellos se encuentra: Vicente Nárvaez Chourión para ese entonces era ministro de la Defensa, Luciano Valero para ese entonces ministro de Relacions Interiores, el general José Murga Cabrices y Arturo Machado Santana como miembro del DIM para ese entonces, Remberto Uzcátegui, Arpad Bango, Henry López Sisco miembro de la DISIP entre otros.
Lo más sorprendente de esto es que en la lista de imputados no mencionan a Norberto Antonio Rabanales quien fue uno de los delatores infiltrado por la DISIP, si de verdad se quiere hacer justicia por los sucesos de Cantaura deben imputar a Rabanales por ser después funcionario de la DISIP jubilado. Hay que recordar que en el año 1999 se le entrego al constituyentita Guillermo García Ponce para ese entonces, presidente de la comisión de derechos humanos de la Asamblea Nacional Constituyente los expedientes de la masacre de cantaura; para que se hiciera justicia todo quedo en el olvido.
10 años después esperamos que la Fiscal General de la República Dr. Luisa Ortega Díaz haga justicia desde ya y que esto no vayá a quedar impune una vez. Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Bandera Roja exhortamos a las demás organizaciones y ONG en la lucha por los derechos humanos y que se haga justicia con estos 23 mártires que ofrendaron sus vida aquel día.
